HISTORIA Y ECONOMÍA ESPAÑOLA (guerra civil)

La situación económica de España al terminar la Guerra civil (1936-39) era desastrosa. Las consecuencias de la Guerra fueron muy negativas debido al gran número de pérdidas humanas (más de 500.000 muertos y unos 300.000 exiliados), lo que supuso una disminución notable de la población activa, especialmente la de trabajadores especializados. Como consecuencia de los bombardeos, se vieron destruidos una gran serie de edificios y viviendas. Las destrucciones materiales se vieron agravadas por la equivocada política económica de las autoridades franquistas. 

Siguiendo modelos de los regímenes totalitarios (fascismo y nazismo), afines ideológicamente, y debido al aislamiento internacional de España en la posguerra, el Estado franquista inició la autarquía económica. Se trataba de una política que pretendía que el país fuera autosuficiente económicamente, sin necesidad de depender del exterior a fin de mantener una hipotética independencia nacional respecto a países extranjeros.

 Esta política autárquica se caracterizaba por una fuerte intervención del Estado en la vida económica, que controlaba la producción, el consumo, los precios, los salarios, el comercio y la inversión mediante leyes: se redujeron las importaciones al mínimo imprescindible, se limitaron las inversiones extranjeras al 25% del capital de las empresas y se favoreció con subvenciones y ventajas fiscales a las industrias españolas a fin de que aprovisionaran el mercado con productos exclusivamente nacionales.

 En agricultura el gobierno organizó la producción y distribución de cereales, creando el Servicio Nacional del Trigo, que fijaba los precios arbitrariamente. Pero la producción era insuficiente (los rendimientos agrícolas eran inferiores a los de los años treinta). 

Por otra parte, la situación de los campesinos seguía siendo mala, ya que el franquismo paralizó las medidas de reforma agraria iniciadas durante la Segunda República.

Para asegurar el aprovisionamiento de los productos de primera necesidad a toda la población y evitar el hambre, el gobierno impuso el racionamiento de los mismos. Los productores estaban obligados a vender a precio fijo la totalidad de la producción al Estado, que a su vez vendía a los consumidores a un precio tasado. Pero el racionamiento y los precios fijos dieron lugar a la aparición del mercado negro o estraperlo, al margen de la ley, que acaparaba los productos ya que sus precios eran muy superiores a los oficiales (el doble o el triple). El Estado franquista nacionalizó los ferrocarriles españoles en 1941 con RENFE. El mismo año creó el Instituto Nacional de Industria (INI, holding estatal que seguía el modelo del IRI de Mussolini) para impulsar la rápida industrialización del país, debido a la insuficiencia del capital privado. Se crearon numerosas empresas públicas ayudadas constantemente por el Estado, lo que generó enorme gasto público.

Sin embargo, a pesar de estos avances, la economía se mantenía estancada. La producción industrial era inferior a los niveles de 1935. Los productos eran además poco competitivos y de mala calidad, debido a escasez de capitales y tecnología.

 Debido a que los impuestos directos eran inexistentes y a la falta de divisas, el Estado financiaba este enorme gasto público con la emisión de Deuda Pública, adquirida por los bancos de forma obligatoria, lo que originó una inflación o subida de precios. Pero mientras los precios no dejaban de subir, los salarios permanecieron muy bajos, debido a la represión del movimiento obrero por el régimen, lo que originó una renta per cápita muy débil, inferior a la de los años treinta, y mal distribuida.

 

Para que el régimen sobreviviese, era necesario un cambio en la política económica. Es por ello que en 1957 Franco formara un nuevo gobierno que se decantó por la liberalización económica basado en unas medidas preestabilizadoras: cambio único y devaluación de la peseta frente al dólar (42 pesetas por dólar), congelación salarial, flexibilización de las relación laborales, más presión fiscal, más integración en los mercados internacionales... Aunque el punto definitivo de esta política fue el decreto-ley de Nueva Ordenación Económica (21 de julio de 1959) conocido como Plan de Estabilización, cuyos objetivos consistían en: cortar la inflación, sanear las cuentas exteriores, deshacer el capitalismo corporativo y establecer un modelo de economía de mercado semejante a la de Europa occidental.

Este plan de Estabilización consiguió reducir la demanda y la inflación, pero a costa de la congelación salarial y de un aumento del paro que significó la emigración a Europa y su posterior prosperidad económica.